“Ser desplazadas es quedar como pájara, cuando le cortan las alas…
pero somos habitantes de la vida y constructora de sonrisas
por eso volveremos a volar a reír a creer que es posible
salir como el sol a conquistar un verde amanecer.”
(Mujer desplazada resguardo de Marocaso)
En el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas exige al Estado colombiano acatar las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en Auto 092 de 2008 y, en consecuencia, adoptar el plan de acción del Programa de Protección de Derechos de las Mujeres Indígenas Desplazadas y en Riesgo de Estarlo, el cual debió expedirse hace catorce años con el fin de superar la grave situación humanitaria que enfrentan las mujeres indígenas en Colombia.
Según la Corte Constitucional, el programa debía formularse garantizando la participación “activa y efectiva” de las organizaciones de mujeres indígenas. Por ello, por más de una década, y de manera comunitaria y organizativa, las mujeres indígenas hemos construido una propuesta que incluye medidas especiales para frenar la perpetuación de la violencia que se ejerce sobre nuestros cuerpos y territorios. A la fecha, en Colombia, no existen políticas públicas que garanticen efectivamente los derechos de las mujeres indígenas desde un verdadero enfoque diferencial, por tanto, sin nuestro consentimiento, nos someten a una oferta institucional que se construye desde los escritorios de la capital, sin tener en cuenta los contextos y realidades territoriales y mucho menos nuestro sentir, nuestro ser, nuestro saber. Este programa es un primer esfuerzo para enmendar el tejido y prevenir de manera integral prácticas y conductas que nos siguen victimizando.
Sin embargo, ningún gobierno de turno ha demostrado la voluntad de acatar la orden judicial. Incluso, hoy, en el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, las deudas históricas persisten en el gobierno de Gustavo Petro: luego de más de 100 días desde su posesión, el presidente nos ha sometido al diálogo con funcionarios que desconocen nuestros derechos y las obligaciones del Estado colombiano, sin darnos el lugar político que ocupamos como autoridades indígenas que somos.
La CEDAW en su recomendación 39, señala:
- La violencia de género contra las mujeres y niñas indígenas socava el tejido colectivo espiritual, cultural y social de los pueblos indígenas y sus comunidades. La violencia sexual contra las mujeres indígenas ha sido utilizada por una pluralidad de actores durante los conflictos armados y épocas de disturbios como parte de una estrategia para controlar y perjudicar a las comunidades indígenas. El despojo y la militarización de sus territorios; la implementación de actividades extractivas y proyectos de desarrollo sin el consentimiento libre, previo e informado; el impacto del cambio climático y la triple crisis planetaria; los ataques a los lugares sagrados; y las políticas de migración forzada, desplazamiento y asimilación, exacerban y aumentan la exposición de las mujeres y niñas indígenas a la violencia de género. Estos problemas suponen barreras formidables para que las mujeres indígenas accedan a fuentes de sustento que son vitales para su supervivencia; crean condiciones inseguras para ellas; y facilitan la incursión de actores estatales y no estatales que a menudo cometen violencia contra ellas. La violencia de género contra las mujeres y las niñas indígenas también coarta con frecuencia sus derechos a la libertad de expresión, asociación, participación política y defensa de los derechos humanos. El Comité reconoce que la violencia de género contra las niñas indígenas, en particular, puede silenciar la voz y el liderazgo de las mujeres indígenas para la transmisión de la cultura, las tradiciones, las lenguas, el avance de la autodeterminación y la participación efectiva, y la preservación de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible.
Hoy, después de catorce años, las mujeres indígenas exigimos a Gustavo Petro y a Francia Márquez:
Adoptar de forma integral, racional y coordinada el Plan de Acción del Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres Indígenas Desplazadas y en Riesgo, conforme a los estándares establecidos de manera reiterada por la Corte Constitucional. Exigimos que se cumpla el fallo de la Sentencia T025 de 2004 para superar el Estado de Cosas en Colombia.
Demandamos que el Gobierno nacional del cambio nos respete y, en consecuencia, envíe a nuestro escenario a los funcionarios del más Alto Nivel; es decir, aquellos que realmente tienen capacidad de decisión para dialogar de Gobierno a Gobierno.
Las mujeres indígenas de Colombia hoy 25 de noviembre de 2022, en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, después de 14 años, exigimos una concertación digna y garante por la defensa, y exigibilidad de nuestros derechos al Estado colombiano.