Comunicado de prensa
San José del Guaviare, 20 de enero de 2023. La Coordinación de Mujer, Niñez y Familia y de Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, rechaza los actos de violencia y agresión sexual realizados presuntamente por miembros del Ejército colombiano, contra niñas indígenas de los pueblos Nukak y Jiw, en el departamento del Guaviare, como recientemente fue denunciado públicamente por distintos actores.
No es la primera vez que se denuncian casos de violencia y explotación sexual contra las niñas y mujeres indígenas Nukak. En el informe sobre violencia sexual a mujeres Nukak entregado a la Comisión de la Verdad se evidenciaron 20 testimonios que demostraron cómo los cuerpos de las mujeres Nukak han sido sistemáticamente violentados, por considerarse “territorio de nadie”, así como la forma en que el despojo de sus cuerpos ha facilitado y propiciado el despojo de los territorios y vulneración de derechos de este pueblo indígena que es uno de los más vulnerables en el mundo.
El continuo acoso, el suministro de sustancias psicoactivas y hasta el ofrecimiento de un pedazo de pan a cambio de favores sexuales, configuran graves vulneraciones contra la vida, la dignidad y la libertad de las mujeres y niñas del pueblo Nukak y del pueblo Jiw. El agravante en esta oportunidad es la denuncia de la participación de miembros de la Fuerza Pública en estos actos delictivos, ya que el Ejército Nacional como institución estatal tiene como objetivo misional salvaguardar la integridad territorial, garantizar la seguridad y el orden constitucional de todo el territorio colombiano sin distinción alguna.
La situación de vulneración de los derechos humanos contra las personas Nukak y Jiw es gravísima y generalizada, en condiciones de hambruna, desplazamiento forzado, accesos carnales abusivos, discriminación, restricción de la libertad individual y sexual y desamparo estatal a los ojos de todas las instituciones responsables, sin que hasta el momento haya sido atendida eficientemente por falta de intereses, disposición y recursos financieros suficientes, cuya asignación recae en manos de personas ajenas e indolentes que ignoran las necesidades de esta población, sin tener un conocimiento real de la Amazonia y de sus pueblos ancestrales, lo que impide llevar a cabo una atención acertada y pertinente a sus problemáticas, con el enfoque étnico diferencial pertinente.
El nivel de articulación al interior del ICBF y de este con otras instituciones, como la Fiscalía General y el Ministerio Público, para atender la grave situación de la niñez indígena en el departamento es muy precario; los pueblos indígenas están desanimados en seguir participando de las políticas públicas que solo se quedan en el papel y no se hacen efectivas en las comunidades indígenas.
Por otra parte, existe un “racismo estructural” hacia los pueblos indígenas desde las instituciones del Estado, entre ellas el ICBF del Guaviare, las alcaldías, la gobernación, las personerías municipales, los entes investigativos y la Fuerza Pública, entre otras instituciones. La discriminación hacia los pueblos indígenas es sistemática, y esto representa una violación grave a los derechos humanos y colectivos, que se exacerba con las condiciones de pobreza, conflicto armado, economías ilegales y las presiones de la ganadería extensiva en las selvas amazónicas por el acaparamiento de tierras, al que se ven expuestos los pueblos indígenas del Guaviare y toda la Amazonía colombiana.
La OPIAC como organización nacional indígena de los Pueblos de la Amazonía colombiana, desde hace varios años está presionando para la construcción participativa de un capítulo indígena en la Política Pública de Primera Infancia y Adolescencia. Sin embargo, esta iniciativa no se ha desarrollado satisfactoriamente, en gran parte por la falta de voluntad política de los anteriores gobiernos; por ello, hoy guardamos la esperanza de que las cosas avancen y se inicie la implementación de esta política para proteger nuestras niñas y niños indígenas en el territorio.
A pesar de los grandes esfuerzos realizados por la OPIAC, debemos reconocer que como organización contamos con escasos e insuficientes recursos que nos permitan tener una mayor acción con las niñas y niños en el territorio.
Según datos del propio gobierno nacional, el año pasado el ICBF registró 192 denuncias por violencia sexual a menores de edad en la región; es decir, semanalmente un promedio de cuatro denuncias. No obstante, las cifras podrían ser aún más altas debido al alto índice de subregistro que se presenta en la región. Por motivos como las precarias condiciones de conectividad y comunicación en los territorios indígenas; por temor, amenazas y falta de garantías, las víctimas no denuncian las afectaciones sufridas, debido a que los grupos armados legales ilegales permean las entes investigativos y logran conocer las denuncias realizadas por las víctimas, lo cual desencadena en diversas revictimizaciones.
Fany Kuiru, Coordinadora de Mujer, Niñez y Familia, y Oscar Daza, Coordinador de Derechos Humanos y Paz de la OPIAC, con el respaldo de todo su equipo técnico, hacen un llamado a toda la institucionalidad, especialmente la Fiscalía General de la Nación y la población del Guaviare, para fortalecer los espacios protectores comunitarios y asegurar la ruta de prevención y atención de estos delitos. Es urgente investigar los casos denunciados sobre los responsables en los casos de violencia y agresión sexual contra las niñas indígenas de los pueblos Nukak y Jiw, y asimismo conformar cuanto antes un espacio de incidencia y acciones interinstitucionales para asumir esta cruda realidad.
Mayores informes:
Comunicaciones Coordinación de Mujer, Niñez y Familia
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movimientomujeresamazoniacol@gmail.com
Comunicaciones Coordinación de Derechos Humanos y Paz
Teléfono: +57 3103442383, 3133894374
