El Observatorio de Derechos Humanos de la Organización Nacional de Los Pueblos Indígenas de La Amazonía Colombiana -OPIAC presenta el boletín anual de vulneración de derechos humanos a pueblos y comunidades indígenas de la Amazonía colombiana.
NTRODUCCIÓN
En enero de 2022 se dió inicio a un proyecto que tiene como objetivo fortalecer los procesos propios de prevención, atención y armonización en los territorios, respecto de la defensa de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana. Desde la Coordinación de DDHH y Paz de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana –OPIAC-, se empezó a tejer un trabajo conjunto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas–CDDHHPPII-:
A lo largo del año, el equipo técnico de la Coordinación de DDHH, ha realizado una labor de recolección y sistematización de datos, referentes a las vulneraciones a los Derechos Humanos que sufren los Pueblos Indígenas de Colombia. Dentro de las labores que se adelantan, no sólo está la recopilación de información y análisis cuantitativo y cualitativo de dichos datos, sino que, además, se trabaja en impartir acciones políticas y jurídicas que garanticen el restablecimiento y reparaciónde las víctimas de dichas afectaciones a los DDHH. La última labor mencionada, se enfatiza en la región amazónica, debido a que la OPIAC, como estructura de Gobierno Propio, representa a los 64 Pueblos Indígenas de dicha región, incluyendo a los 16 Pueblos Indígenas en Aislamiento voluntario y los 2 que están en Contacto Inicial (PIACI), por lo que sumisionalidad está encaminada a la salvaguarda y garantía de los Derechos Humanos de las comunidades indígenas que habitan de manera nómada osedentaria los seis departamentos de la Amazonía colombiana.
También, desde el equipo técnico de la Coordinación, se vienen emitiendo cada mes una serie de infografías y documentos, que procuran dar cuenta ante las autoridades y visibilidad en general, de la grave situación humanitaria que se vive en la región amazónica especialmente, pero también, del país engeneral, por contar con el trabajo conjunto de la Secretaría Técnica de la Comisión de DDHH de los Pueblos Indígenas.
Se presenta a continuación un Informe Anual de las vulneraciones a los Derechos Humanos que se registraron en el Observatorio de DDHH de la OPIAC, comprendido entre el periodo de enero de 2022 hasta noviembre del mismo año. El informe expone las cifras de afectaciones registradas en las bases de datos del Observatorio, discriminadas por número aproximado de víctimas, Pueblo Indígena afectado, tipo de afectación a los DDHH y el departamento y municipio en que ocurrieron los hechos.
ANÁLISIS DE CONTEXTO
Las comunidades indígenas amazónicas, de manera autónoma y ancestral, han desarrollado usos, costumbres, prácticas sociales y técnicas de pervivencia propios de sus Sistemas de Conocimiento, los cuales son fundamentales para el relacionamiento armónico de la humanidad con la naturaleza. Todos los seres, a un nivel espiritual, tienen un vínculo determinante con el territorio.
Esto se ve reflejado en la manera que los Pueblos Indígenas amazónicos conciben los Derechos, los cuales no son entendidos únicamente en la dimensión humana, sino que incorpora a todos los elementos y espíritus de la naturaleza,
contribuyendo desde cada lugar y rol al mantenimiento de la vida; cuando se refiere a la defensa de los Derechos Humanos, debe defenderse la vida misma de manera holística e integral.
Las poblaciones indígenas que milenariamente han habitado la Amazonía colombiana, han resistido a lo largo de la historia distintas desarmonías territoriales, ocasionadas por factores extraños al caminar armónico y propio de la palabra de vida, que se desarrolla al interior de las comunidades indígenas amazónicas.
Dichas desarmonías, impactan el territorio en su unidad y su armonía, afectando a todos los seres que lo habitan y a las formas propias de gobierno. Es importante mencionar que en la región amazónica habitan alrededor de 168.572 personas que se auto identifican como indígenas, y la cuales están distribuidas en 64 pueblos ancestrales y asentadas en 185 resguardos indígenas; igualmente, se incluyen los 16 Pueblos Indígenas en estado de Aislamiento voluntario, los 2 en Contacto Inicial y varios Cabildos Indígenas en contexto de ciudad que padecen graves problemáticas en su territorialidad. Lo anterior da como resultado, una 1 región con amplia riqueza étnica e intercultural, que, basándose en sus Sistemas de Conocimiento Propio, reconoce la diversidad biológica y cultural de todas las formas de vida y de seres que habitan el territorio.
Desde la coordinación de DDHH y Paz de la OPIAC, se han venido construyendo estrategias para la visibilización de las cualidades que exaltan la riqueza cultural y que potencian el “sentipensamiento” indígena amazónico. Sin embargo, también se busca visibilizarlos eventos que atentan contra de la pervivencia física y cultural de los Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana. En dichos eventos, se vulneran los Derechos Humanos de los Pueblos Ancestrales, y según la Corte Constitucional en su Auto 004 de 2009, esto representa un riesgo de exterminio físico y cultural, por ponerlos en riesgo de desplazamiento forzado. A continuación, se dará a conocer un panorama de los distintos tipos de contextos, hechos y actores que generan alteraciones y desarmonías en los territorios indígenas de los seis (6) departamentos de la Amazonía colombiana, sin antes resaltar que en la región se presenta un alto índice de “subregistro”. Es necesario señalar que, la complejidad de la situación implica que sea imposible recolectar de manera fiel los datos necesarios para realizar un registro real que denote la verdadera gravedad de la situación humanitaria.
Debe aclararse que las cifras aquí presentadas adolecen de dicho fenómeno de subregistro, principalmente, debido a causas estructurales y factores como los siguientes: i) la precaria conectividad y la consecuente dificultad en la comunicación que sufre la mayoría de los Territorios Indígenas del país; ii) la poca o nula oferta institucional en los Territorios Indígenas, la cual está encargada de atender a las víctimas indígenas de vulneraciones a los Derechos Humanos, Territoriales e infracciones al DIH; iii) la falta de eficiencia en la administración de justicia, que desincentiva la presentación de nuevas denuncias, por lo que las víctimas no ven ninguna respuesta por parte de los órganos estatales; iv) la presencia de actores armados en el territorio, que motivados por el control territorial, generan situaciones de temor, desconfianza y falta de garantías estatales frente a las vulneraciones a los DDHH e infracciones al DIH, los delitos y los daños ambientales; v) la manipulación en las cifras por parte de las entidades gubernamentales, las cuales minimizan el verdadero impacto en materia de Derechos Humanos contra los Pueblos Indígenas e invisibilizan dichas afectaciones.
De lo anterior, se tiene cuenta en la Sentencia de la Corte Constitucional T-469De lo anterior, se tiene cuenta en la Sentencia de la Corte Constitucional T-469de 2020, donde se exhorta a la Fiscalía General de la Nación a que revise loscriterios de presentación de estadísticas y cifras para advertir más y mejoresresultados en su labor investigativa. Lo anterior, ocasiona que haya pocasdenuncias por parte de la población indígena a causa de las amenazas y lasituación de miedo y zozobra que generan los actores armados con su accionarmilitar; esto se traduce en bajas cifras y en un consecuente beneficio para elEstado, ya que se presentan buenas estadísticas que indican un buen actuarinstitucional, a pesar de que en realidad haya ineficacia en las obligaciones delEstado y en la atención integral para las víctimas.
En razón de la gravedad de la situación que se realzó durante los meses de enero a abril, en materia de afectación a los Derechos Humanos, de los 15 Pueblos Indígenas que habitan el departamento de Putumayo, se víó la urgencia de divulgar y ampliar los mecanismos de atención, seguimiento y verificación a la situación vivida en dicho territorio.
Es de recordar, que, a finales de marzo, un segmento de la Armada del Ejército Es de recordar, que, a finales de marzo, un segmento de la Armada del Ejércitode Colombia arremetió en contra de un grupo de personas civiles y desarmadas,con el argumento de contrarrestar un ataque y dar captura a unos objetivosmilitares señalados como guerrilleros. En dicho ataque armado, en una evidenteviolación del principio de Distinción, se logró identificar que fueron dados debaja dos personas indígenas: un menor de edad y a una autoridad Indígena, lídery Gobernador de un Cabildo. Los hechos anteriores están en conocimiento de lasautoridades nacionales, pero realmente no se ven avances en las investigacionesni disposición de las instituciones y hasta el momento no se ha logradoestablecer que las personas asesinadas eran realmente guerrilleros.
Ya se ha denunciado reiteradamente la grave situación que se presenta con el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes indígenas, pero el Ejército Nacional y el Ministro de Defensa, aún a falta de pruebas y verificación de la información, tuvieron la temeridad de señalar a dicho menor de edad como un guerrillero reclutado forzosamente y a pesar de estar desarmado.
Se debe aclarar que los departamentos se organizan territorialmente por “Ejes”, obedeciendo a las condiciones geográficas puntuales, y en el mismo sentido, a las problemáticas locales que deben resistir. El departamento de Caquetá presenta situaciones muy similares a las que sobrelleva Putumayo, que son los dos departamentos más afectados; Guaviare y Guainía, soportan la fuerte presencia dedepartamentos más afectados; Guaviare y Guainía, soportan la fuerte presencia degrupos armados, los cuales conllevan a dinámicas de guerra, que dejan a lapoblación indígena en medio del fuego cruzado, por el control territorial y de lasrutas de las economías ilegales que llegan a ser internacionales; Vaupés yAmazonas, padecen un abandono estatal que permite un cúmulo de afectaciones,evidencia del impacto de los intereses económicos sobre los Derechos Humanos,demostrando así una indiferencia rotunda por los problemas sociales, que robanlas esperanzas a los sectores más marginados de la población en general; por loanterior, el análisis de contexto se hará en conjunto por departamentos. Así las cosas, se hace necesario exponer el contexto en materia de Derechos Humanos de la región amazónica.
CONTEXTO DEPARTAMENTAL CONTEXTO DEPARTAMENTALEN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
Putumayo y Caquetá
Desde enero de 2021 y hasta abril de 2022, la Defensoría del Pueblo emitió cuatro Alertas Tempranas -AT- sobre la situación de riesgo en que se encuentra la población civil en el Putumayo. En la última AT, emitida el 25 de enero de 2022, se alertó acerca de un alto riesgo en el municipio de Puerto Leguizamo, especialmente en comunidades y autoridades indígenas de los pueblos Muinane, Kichwa, Siona, Inga y Murui-Muina.
El municipio de Leguizamo es un sitio importante, por su ubicación estratégica, en términos del control territorial por parte de los Grupos Armados Ilegales: a nivel nacional, conecta con los departamentos de Caquetá y Amazonas, siendo así una ruta de acceso a Brasil; a la vez, su jurisdicción limita y comparte frontera con Ecuador y Perú. De esta manera, desde el 2018, en la AT 024, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre la utilización del municipio de Leguizamo como zona de retaguardia de los grupos armados, lo cual ha devenido en continuas acciones bélicas como ataques, atentados y enfrentamientos, ocurridos en el marco de disputas por el control territorial entre los distintos actores armados sean legales o ilegales y que dejan a la
población en medio de los enfrentamientos.
Asimismo, en la AT 002 de 2022, la Defensoría expone que son varios los factores que confluyen en el municipio de Leguizamo, adicionales a la presencia de actores armados, y que generan un alto riesgo para la población civil en general, a saber, son:
- Zona de Corredores estratégicos: Puerto Leguizamo cuenta con el
corredor del río Putumayo que conecta desde Puerto Asís hasta Tarapacá en el departamento de Amazonas. Dicho eje fluvial ha sido caracterizado como “un corredor logístico de importancia estratégica para el país”, puesto que resulta vital en las dinámicas de las economías ilícitas y en tanto que conecta con los países de Perú, Ecuador y Brasil. En el corredor que conecta Putumayo y Amazonas, se encuentran el Resguardo Indígena El Hacha y la vereda La Concepción, territorios indígenas que son puntos estratégicos por hacer posible el tránsito terrestre hacia el río Caquetá: otro de los corredores estratégicos para las economías ilícitas en tanto que permite transitar con facilidad hacia los departamentos de Cauca, Caquetá, Meta, Guaviare y Vaupés.
- Actividad minero-energética: La Defensoría del Pueblo identificó que las zonas del municipio de Leguizamo y sus alrededores, son de mayor riesgo para este fenómeno, ya que coinciden con los lugares en los que se están desarrollando labores de exploración y explotación de hidrocarburos, así como los puntos estratégicos en los que se ubican las personas dedicadas a la minería ilegal de oro. Se registró presencia irregular y abusiva de empresas en los territorios.
La no implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC-EP: éste es sin duda, uno de lo elementos clave para comprender la grave crisis humanitaria que vive actualmente el departamento de Putumayo.
La reconfiguración de los actores del narcotráfico, relacionada con el surgimiento descontrolado de nuevos grupos armados y el fortalecimiento de las disidencias y de los Grupos Armados Ilegales distintos a las FARC, que hacen presencia en el territorio, han originado un aumento significativo de las acciones bélicas, los enfrentamientos y las ocupaciones violentas al
Territorio Indígena, por parte de actores armados legales e ilegales.
Presencia de diversos Grupos Armados: Actualmente, muy relacionado con el factor anterior, en inmediaciones a los Territorios y comunidades Indígenas, hacen presencia los Grupos Armados Ilegales -GAI- ya reconocidos como el Frente Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC y los Comandos de Frontera, vinculados a fracciones paramilitares no desmovilizadas; asimismo, la presencia de la Fuerza Pública, en ocasiones ha resultado ser un factor adicional de riesgo para los Pueblos y Territorios Indígenas, debido a que se presentan reiterados casos de abuso de autoridad y uso desmedido de la fuerza. Un claro ejemplo de la intensificación de los excesos de la Fuerza Pública en contra de la población indígena fueron las ejecuciones extrajudiciales en contra de dos personas indígenas inocentes, ocurridas durante el mes de marzo de 2022.
Desde las Autoridades Indígenas, se ha denunciado que el surgimiento de nuevos GAI ha sufrido un estallido, y el control territorial está fracturado completamente, ya que no hay un mando unificado y no es posible identificar a cada grupo por separado. En el departamento de Caquetá se presenta un alto índice del reclutamiento forzado de menores, pero por temor a las represalias por parte de los Grupos Armados, las víctimas se niegan a denunciar ante las autoridades; se ha manifestado por comunicaciones internas, que luego de perder el rastro de uno de sus miembros, las familias se ven en la obligación de abandonar forzosamente el territorio y escasamente lo comunican o denuncian ante las instituciones. Es reiterativo el caso en el que sustraen a uno de los menores para sumarlo a las filas, con la amenaza de no denunciar por protección al resto de la familia.
Las Autoridades Indígenas informan con sumo dolor y preocupación que “se están llevando a nuestros niños y niñas y los están devolviendo muertos”, ya que no vuelven a tener información de los menores de edad hasta que reciben la lastimosa noticia de que fueron dados de baja en combate, al otro lado del país o inclusive fuera de él. El Plan Artemisa ha representado afectaciones al territorio, atentados, desaparición forzada de personas y la privación injustificada de la libertad de una Autoridad Indígena que supuestamente cometió delitos ambientales, cuando son las comunidades indígenas las que han demostrado actuar y coexistir en equilibrio y armonía con la naturaleza. Así mismo, desde hace años se viene presentando un problema ambiental sumamente grave, y es la contaminación del río Caquetá por los rastros de Mercurio que lo envenenan. Este metal pesado proviene de la explotación ilegal de minerales que se desarrolla de manera clandestina en varias partes de la rivera del río. Estudios médicos y científicos realizados en la zona, señalan el brote de afectaciones graves a la salud humana y al entorno biológico: daños irreparables en los factores ambientales, acompañado de mutaciones y degradación en las condiciones mínimas de salud para la vida en general.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de SentenciaEl Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de Sentenciade Primera Instancia del 4 de agosto de 2022 y basándose en las pruebas anteriores, ordenó al Gobierno colombiano descontaminar elrío, por medio de instrucciones precisas y en coordinación con las Autoridades Ambientales, para que haya control territorial sobre las labores de minería y explotación de recursos naturales en la zona. Se han presentado problemáticas tales como: mal formaciones genéticasen pobladores de la zona, con miembros anormales como dedosextra, problemas respiratorios graves, discapacidades mentales,diferentes tipos de cáncer y afecciones congénitas, como la incapacidad de producir saliva.
Guaviare
Por medio de la Alerta Temprana 024-2022 de la Defensoría delPor medio de la Alerta Temprana 024-2022 de la Defensoría del Pueblo, se advirtió el riesgo que viven los Pueblos Indígenas quehabitan los departamentos de Guaviare, Guainía, Meta y Vaupés por actividades violentas financiadas por elGuainía, Meta y Vaupés por actividades violentas financiadas por el narcotráfico. Estas acciones bélicas generan situaciones de confinamiento y de altoriesgo de reclutamiento de menores de edad para las comunidades indígenas de la región. El Defensor del Pueblo aseguró que:
Dichas dinámicas de guerra, inicialmente introducen en el contexto del conflicto armado a civiles ajenos a las hostilidades, pero, además someten a la población indígena a una serie de restricciones, que afectan directamente en sus usos, costumbres y necesariamente en su soberanía alimentaria, ya que se restringe la libre circulación por el territorio para labores tan básicas como la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres. La instigación y el confinamiento se ha vuelto una situación cotidiana en las comunidades indígenas, que, por el miedo, los hostigamientos y las amenazas de los actores armados en general, se ven afectadas en su buen vivir, dignidad y calidad de vida, y así mismo, obligadas a no denunciar.
El departamento del Guaviare es el territorio donde mayoritariamente habitan los Pueblos Indígenas en estado de Contacto Inicial, hasta ahora reconocidos, los cuales se caracterizan por ser principalmente semi- nómadas y por basarse en el principio de “no intervención”.
Debido a dinámicas recientes de desplazamiento forzado a causa del Debido a dinámicas recientes de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado y de asistencia estatal en salud con estas comunidades indígenas, uno de los Pueblos Indígenas se ha venido asentando en la zona rural del municipio de San José del Guaviare. Se trata del Pueblo Nukak Maku, que se organiza en 11 clanes y gracias a pactos alcanzados con los campesinos de la zona, ha sido posible definir normas de convivencia, de resolución de conflictos y de regulación de la propiedad.
A pesar de estas acciones, surge la necesidad de definir unA pesar de estas acciones, surge la necesidad de definir un“territorio intangible” para que se respeten sus prácticas y susSistemas de Conocimiento Propios, basados en el nomadismo. Loúltimo se resalta, porque recientemente se han venido presentandoproblemas de solape entre los territorios ancestrales, losasentamientos campesinos y las zonas de Parques NacionalesNaturales. En esta zona se ubica la serranía del Chiribiquete y no sehan alcanzado acuerdos con la Agencia Nacional de Tierras paradefinir el territorio que le corresponde a dichos Pueblos en ContactoInicial.
Descargar aquí: Boletín_Anual-DDHH_33.pdf